Artículo 5.- Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. (Constitución de la Nación)

Desde las 11.05 del jueves pasado, el oprobio institucional tucumano tiene nombre en el Congreso de la Nación. Más bien, tiene número: Expediente 1005/11. Así fue registrado en la Cámara Alta el proyecto mediante el cual, ya en esta instancia de sola presentación de una iniciativa, uno de cada cuatro senadores argentinos se alarma por la Junta Electoral Provincial. Se sorprende por los términos de la notable sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dice que el país ni su historia han visto engendro semejante. Y se inquieta por el hecho de que, a pesar de semejante fallo, los poderes políticos del subtrópico nada hagan para enmendar la vergüenza.

"Un rápido vistazo a la integración del órgano de contralor de los procesos electorales permite advertir que el titular del Ejecutivo tucumano controla -al menos- las dos terceras partes del organismo, lo que vulnera el debido proceso electoral pues no está asegurada la actuación de un tribunal imparcial que dirima las tensiones propias de una elección de autoridades", fundamenta la propuesta que tiene al radical José Cano como autor material, y al constitucionalista Rodolfo Burgos como autor intelectual. El actual presidente del Movimiento Popular Tres Banderas fue quien convenció al referente de la UCR de que había que "nacionalizar" la situación. En otros términos, no hay elección posible si en el organismo fiscalizador los empleados de José Alperovich son mayoría.

Dicho en los términos del proyecto senatorial, a la Junta en cuestión la integran el titular de la Corte; el fiscal de Estado, asesor legal y técnico del gobernador, de quien depende en forma directa (lo designa o lo remueve por decreto simple); y el vicegobernador, socio político y compañero de fórmula del mandatario. Este último es, hoy, el ministro de Salud de la Nación, tal como subrayó esta semana la Cámara Federal de Apelaciones, cuando ratificó la competencia de la Justicia Federal para entender en la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el más rico de los miembros del Gabinete de la Casa Rosada. Porque aunque siga siendo el presidente de la Legislatura (en abuso de licencia), "se investiga la presunta comisión de un ilícito por parte de un funcionario nacional en ejercicio de su cargo y en perjuicio del patrimonio público nacional".

Parecida a la nada

Otros 16 parlamentarios promueven la iniciativa: el jujeño Gerardo Morales (Frente Jujeño), los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau (Frente Cívico y Social), Juan Carlos Marino (Frente Pampeano Cívico y Social), el chaqueño Roy Nikisch (Frente para Todos), el cordobés Ramón Mestre (UCR), los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero (Frente Justicialista para la Victoria), el entrerriano Arturo Vera (UCR), la porteña María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), el mendocino Ernesto Sanz (Frente Cívico Federal), Eugenio "Nito" Artaza (Encuentro por Corrientes), el formoseño Luis Petcoff Naidenoff (UCR), el rionegrino Pablo Verani (Concertación para el Desarrollo), el santiagueño Emilio Rached (Frente Cívico por Santiago) y el santacruceño Alfredo Martínez (UCR).

No debe sorprender la pluralidad ideológica y -sobre todo- geográfica de los co-autores. En verdad, lo que pasa en Tucumán sólo ocurre aquí y en ninguna otra provincia. Lo exponen, por cierto, los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en el marco de la Justicia Federal), Córdoba, Neuquén, Corrientes, Catamarca, San Luis, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Cruz poseen órganos de justicia electoral pertenecientes al Poder Judicial. Por otra parte, Santa Fe, Formosa, Chaco, Río Negro, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Juan cuentan con órganos de justicia electoral auxiliares del Poder Judicial, pero que están integrados totalmente por magistrados. En un tercer grupo aparecen la provincia de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, que disponen de órganos de justicia electoral auxiliares del Poder Judicial donde los jueces son mayoría y hay una minoría de miembros de los poderes políticos. Y, finalmente, está el caso de una provincia que cuenta con un órgano de justicia electoral con un régimen jurisdiccional administrativo, donde los dos miembros del poder político son mayoría: Santiago del Estero.

Tucumán ni siquiera encuadra en esta última y vergonzante categoría porque en la vecina provincia, cuanto menos, componen su Tribunal Electoral sin mayoría oficialista: lo conforman el titular de la Corte, el fiscal de Estado y un diputado provincial de la oposición. En otros términos, calificar el esquema de la Junta Electoral tucumana como lamentable es casi un piropo. Desde 1912, ese órgano tuvo una "integración de carácter judicialista" en esta provincia. Pero aquí no hay bien que dure 100 años.

Otros derechos humanos

Por eso a tres semanas de la sesión del 1 de junio en la cual se debatirá la propuesta, la cuarta parte del Senado no sólo dice que se ha colocado a Tucumán "en un confín de aislamiento y retroceso dentro del derecho electoral argentino". También advierte, en consonancia con la sentencia, que un organismo electoral sin inequívoca independencia del Poder Ejecutivo y del partido gobernante choca con los estándares internacionales de Derechos Humanos, al no "asegurar el pleno goce y ejercicio, por parte de los ciudadanos y de los partidos, de los derechos políticos y electorales reconocidos, entre los que sobresale el de votar y ser elegido en comicios auténticos".

Pero como tales postulados (a juzgar por el normativismo alperovichista) son indescifrables para el oficialismo vernáculo, tal vez no entienda la recomendación que tratará el Senado para que "la Legislatura de Tucumán implemente las medidas necesarias a fin de garantizar la transparencia del proceso eleccionario, habida cuenta del pronunciamiento judicial que declara la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 43, inciso 14, de la Constitución de la provincia, en lo que respecta a la conformación de la Junta Electoral".

Claro que en una provincia donde el gobernador acostumbra manifestar que le ha "dado la orden" a legisladores, intendentes y concejales de hacer tal o cual cosa, una comunicación que guardas las respetuosas formas de la república puede parecer inocua.

Pero lo que se propone (cuidando las formas para que no haya intromisiones interjurisdiccionales) es que el Senado le diga a la Legislatura que tiene que hacer algo. Los fundamentos de la iniciativa lo pautan: "ya existe un cronograma electoral suscripto por funcionarios que, según la sentencia, no podrían integrar nunca el organismo de dirección y contralor de los procesos electorales". Sin embargo, se añade, "la autoridad del fallo es letra muerta", porque el Gobierno que dice acatar los mandatos de la Justicia ha apelado la resolución, "para dilatar la situación" y llegar a los comicios del 28 de agosto con la cuestionada Junta Electoral Provincial en plena vigencia.

Palabras malditas

Si todavía sigue siendo demasiado sutil, habrá que apelar a las seis palabras que Sanz le dijo a Cano y a Burgos cuando firmó el proyecto: "esto es causal de intervención federal". La traducción: sin un tribunal electoral neutral, el servicio de administración de Justicia no está garantizado. Y si la Junta es controlada por el Ejecutivo porque así lo pauta la Carta Magna, entonces se incumplió con el mandato de dictar una constitución bajo el sistema representativo republicano.

Norah Castaldo hará repicar el proyecto en Diputados durante la semana próxima. Pero ese no es el quid de la cuestión. En la Cámara Baja puede abrirse todo un frente dentro del propio oficialismo según cómo reaccione la ultrakirchnerista Stella Maris Córdoba, a la sazón candidata a gobernadora. Pero ese no es el meollo. Cuando cada uno cumple su papel en la república, y los opositores se oponen y la Justicia juzga, comienzan las complicaciones para los que creen que la democracia consiste en que el que gana puede hacer que las leyes digan cualquier cosa. Eso es central, pero tampoco es la clave.

La médula de este asunto es que si el kirchnerismo gana en octubre y se queda por otros cuatro años, todo esto se volverá anecdótico para el alperovichismo. Pero, ¿y si pierde?